Nadie esperaba que la inflación volviese a alcanzar cifras tan altas como las actuales.
El Gobierno de España subirá un 8,6% la base máxima de cotización en 2023. Esta subida va a suponer que un empleado con un salario de 54.000 euros brutos anuales que ahora paga a la Seguridad Social 14.056 euros al año (entre empresa y trabajador) pasará a pagar 15.266 euros.
La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, forma parte de la segunda pata de la reforma de las pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales.
En la documentación que el Gobierno envió a la Comisión Europea se propone elevar gradualmente la base máxima de cotización, pero la implementación de esta medida está previsto hacerla durante las tres próximas décadas y de forma pactada con los agentes sociales.
Frente a la promesa de hacer un ajuste gradual y pactado con los agentes sociales, el abultado crecimiento de la base máxima de cotización, decidido de forma unilateral por el Gobierno, ha generado una gran inseguridad jurídica. Además, el encarecimiento de la contratación que supone afectará negativamente a la creación de empleo, a la inversión, a la competitividad de nuestras empresas y al crecimiento económico.
El incremento de la base máxma de cotización está destinado a sufragar, en parte, la subida del 8,5% de las pensiones en cumplimiento del Pacto de Toledo, que incluye el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC.
Este compromiso se aprobó a finales de 2020, en un momento en el que el fantasma de la inflación apenas estaba reapareciendo tras décadas en las que había dejado de ser una preocupación. Nadie esperaba que la inflación volviese a alcanzar cifras tan altas como las actuales, y el legislador no contempló ningún mecanismo corrector para actuar en una situación como la actual.
El resultado de la subida de las pensiones con el IPC es que, mientras el Banco de España ha detectado un pacto de rentas implícito, los pensionistas son los únicos que se lo saltan. En otras palabras, mientras que los trabajadores en activo están perdiendo poder adquisitivo, los jubilados no tendrán que apretarse tanto el cinturón.
Sería posible y recomendable encontrar alguna fórmula legal para sortear la revalorización de las pensiones con el IPC en momentos como el actual. Son varias las opciones: desde subirlas tomando como referencia el incremento medio de los salarios (por ejemplo, los del sector público crecerán hasta un 3,5% en 2023) hasta devolver la pérdida de poder adquisitivo en los próximos años.
Obviamente, las pensiones más bajas, las principales damnificadas por el aumento de los precios, no entrarían en esta solución y conservarían su poder adquisitivo. Sin embargo, la clase política tiene poderosas razones para no proponer una subida moderada de las pensiones, sobre todo cuando queda menos de un año para las próximas elecciones generales.
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un tercio del electorado socialista tiene más de 65 años, al igual que ocurre con los votantes del Partido Popular. Es-
tán en juego unos 10 millones de votos y ningún partido político se atreve a poner en su contra al
principal caladero de votos.
«Las pensiones más bajas conservarían su poder adquisitivo»
