¿Quién pagará la subida de impuestos?

Sin explicar cómo se hará, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la regulación del nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas prohibirá repercutir este tributo en los precios pagados por los clientes.
Aunque es cuestionable que ambos sectores estén obteniendo beneficios extraordinarios, particularmente la banca, conviene explicar las consecuencias derivadas de este tipo de beneficios en las economías de mercado. Los beneficios extraordinarios atraen inversiones a los sectores en los que se obtienen, permitiendo así aumentar la producción y, en consecuencia, estabilizar los precios.
La inflación que estamos padeciendo se debe a la insuficiente capacidad productiva de ciertos sectores en relación con su demanda. Destaca el caso del sector petrolero, por sus efectos directos sobre los costes de gran cantidad de productos y servicios.
Los altos precios del crudo, que debemos recordar que son previos a la invasión de Ucrania, no se deben a la escasez de reservas, sino a que, durante los últimos años, las inversiones en prospección, extracción y refino han sido muy bajas, como consecuencia de la alta incertidumbre que afecta al sector. Recordemos, por ejemplo, la reciente aprobación por la UE de la prohibición de vender coches con motores de combustión a partir de 2035, cinco años antes de lo inicialmente previsto.
Esas bajas inversiones son el origen de los beneficios extraordinarios que actualmente disfrutan las empresas petroleras.
Y tales beneficios deberían ser el incentivo que movilizase las inversiones para ampliar la oferta de productos petrolíferos y así estabilizar sus precios. Sin embargo, sancionando los beneficios extraordinarios con nuevos impuestos se anula el incentivo necesario para incrementar la inversión: ¿para qué invertir, por ejemplo, en modernizar una refinería si las ganancias derivadas de ello serán penalizadas? La respuesta política, por tanto, no debería ser subir los impuestos, sino facilitar las inversiones y el consiguiente incremento de la producción y la competencia. La experiencia demuestra que esta es la vía más eficaz para controlar los precios en cualquier sector.
No sirve de nada que el Gobierno prohíba a bancos y energéticas trasladar a sus clientes el nuevo impuesto a través de subidas de precios. En la mayor parte de los casos será un fenómeno incontrolable. Si dentro de unas semanas las refinerías suben los precios o los bancos aumentan los tipos de interés que aplican a sus nuevos préstamos, ¿cómo saber si tales incrementos son debidos a las condiciones del mercado o a la creación del nuevo impuesto? Pensemos, por ejemplo, los tipos de interés que los bancos aplican a sus clientes dependen de muchas variables, como el coste al que se financian las entidades financieras, las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés o el riesgo de la inversión crediticia que supone cada cliente, entre otras.
La subida de impuestos también tendrá consecuencias cuando sea posible controlar su impacto en los precios, pues aumentará la incertidumbre sobre la política fiscal española, poniendo en peligro las inversiones de las empresas energéticas para avanzar en el proceso de descarbonización de nuestra economía. Al disminuir la rentabilidad prevista de las inversiones y aumentar la inseguridad jurídica, es previsible que ese proceso se ralentice.
Asimismo, la disminución de la rentabilidad de las inversiones de las empresas energéticas derivada del nuevo impuesto podría deteriorar la calidad de sus servicios.
No debería sorprendernos, por ejemplo, asistir a cortes de suministro puntuales derivados de la insuficiente inversión tanto en plantas de generación de energía como en mantenimiento y modernización de redes distribución.
Por todo ello, lo más probable es que sean los clientes los que terminen pagando el nuevo impuesto, a través de un peor servicio o unos mayores precios. Y dado
que parte de estos clientes son empresas, el incremento de sus costes financieros y energéticos es previsible que originen una nueva ronda de subidas de precios, que afectará en este caso a la mayoría de los sectores.
Este probable aumento de precios impactará en nuestra inflación, que ha alcanzado en junio el 10,2% anual, a causa, precisamente, del nivel disparado de los precios de la energía (42% interanual).
Aunque la inflación afecta a todos, su impacto es desigual. Golpea de forma especial a los hogares más vulnerables debido a que tienen una mayor propensión al consumo de bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, electricidad y calefacción). Estos bienes tienen una demanda muy rígida y son difíciles de sustituir. Una persona puede dejar de comprar un nuevo pantalón, pero es más difícil limitar el consumo de electricidad o dejar de comer.

“Lo más probable es que sean los clientes los que terminen pagando los nuevos impuestos a las empresas de energía y a la banca decretados por el Gobierno, a través de un peor servicio o de unos mayores precios”